Menos Gestos y más Acción, pero Bien Pensada

Las treinta medidas presentadas por la Presidenta Bachelet son un buen gesto. El problema es que sin voluntad real de hacer cambios y terminar con el problema, todo se transforma en nada más que un gesto. Creemos que algunas medidas son incompletas y otras diseñadas a la medida del gobierno, lo que vuelve a demostrar falta de voluntad real de solucionar el problema de fondo.

Que el gobierno no pueda hacer publicidad con fondos del Estado está bien. Basta constatar la cantidad de letreros que señalan “es obra del Gobierno de Chile” y la proliferación de los mismos en períodos de campaña. Es una buena medida, que ya está en el artículo 53 de la Ley de Gasto Electoral, pero no fue respetada y quiere ser presentada como novedosa.

El gobierno ni ninguno de sus organismos debería estar autorizado para repartir cosas durante períodos de campaña. El año pasado, para fortalecer a la familia se repartieron reproductores de DVD en sectores rurales, justo durante el período de campaña. Más allá de criticar la efectividad de la medida, debería estar prohibido cualquier tipo plan o programa adicional durante el período de campaña y hasta al menos 3 meses antes de la elección, más aún aquellos planes que hacen entrega directa de “regalos”.

Asimismo, ningún candidato (ni aún en ejercicio) debería estar autorizado para participar en actos públicos financiados por el Estado. Las inauguraciones se duplican en años electorales. Si observamos la agenda pública de Ricardo Lagos durante su gobierno, podemos ver que entre septiembre y octubre de 2002 (año no electoral) salió 2, 4 veces por semana a inauguraciones de obras públicas y durante el mismo período de 2004 (año electoral) salió 4,8 veces por semana. Este aumento ya resulta irregular, pero al menos a los candidatos les debería estar prohibido asistir y además debería prohibirse a las autoridades hacer mención alguna a ellos.

Nada de esto tiene sentido si junto con tomar la medida no se aprueba la sanción. En Brasil, Lula fue sancionado por solicitar el apoyo a un candidato en un acto oficial financiado con fondos públicos. Asimismo, si un candidato es sorprendido faltando a la ley, no sólo pierde el cargo si está en ejercicio, sino que es inmediatamente eliminado del padrón electoral, no participa en la elección y se sanciona al partido que le prestaba su apoyo.

Herramienta clave para poder lograr todo esto es crear un sistema eficiente de protección al denunciante, que permita realizar denuncias concretas guardando su anonimato y sin temor a perder su cargo o verse obligado a salir en los medios de comunicación, dar explicaciones, recibir ataques y pasar a ser figura pública, como la secretaria de Guido Girardi. Este proyecto ya fue presentado por parlamentarios de la alianza, sin que se le haya dado la urgencia necesaria para su tramitación.

Por otra parte la intención de reforzar la transparencia en relación a dinero y política, se contrapone a la prohibición de realizar aportes de empresas a campañas políticas. Esta es una realidad en todo el mundo, así como en toda la historia democrática de Chile, por lo que es muy probable que produzca el efecto contrario, es decir, que las empresas sigan donando, pero no en forma transparente sino que violando la ley.

Finalmente, la medida antes señalada no perjudica precisamente a Sebastián Piñera. Empresarios como él tienen recursos propios suficientes como para financiar una campaña, no así candidatos que no tienen recursos propios, dificultándoles el financiamiento de su campaña, imposibilitándoles la participación o, quizás, instándolos a violar la ley para lograr acceder a los fondos necesarios.

Creemos que hace falta de un estudio más acabado del financiamiento electoral y la forma en que realmente se desarrollan las campañas políticas. Sin conocer realmente lo que es el intervencionismo electoral, las medidas se convierten en parches que necesitarán ser reparados mucho antes de lo esperado, cuando se descubran nuevas formas de operar. Un buen proyecto en ese sentido debe recoger la experiencia de campañas pasadas, terminar con cualquier posibilidad de desvíos de fondos, pensar en las consecuencias que pueden generar las medidas tomadas, además de revisar legislación eficaz existente en otros países. De lo contrario, todo se queda en un simple gesto.

¿Cómo se promueve la Familia?

Insólito resulta constatar que aún cuando estudios científicos serios y validados por la opinión pública demuestran que la familia tradicional (padre y madre unidos por matrimonio) presenta amplias ventajas sobre otro tipo de hogares, de todas formas el gobierno insista en promover todo tipo de familias..

La ministra del Sernam, Laura Albornoz, ha señalado que hay distintos tipo de familias en Chile y a eso tiene que responder el Estado en sus políticas públicas. Promoveremos distintos tipos de familias, que es lo que existe en la sociedad. A su vez, Alicia Leiva de Mideplan, ha señalado que el concepto de familia se asimiló al de hogar, entendiendo como grupo de personas con o sin vínculo de parentesco que viven juntas y comparten un presupuesto común.

Por otra parte, Eugenio Tironi ha señalado explícitamente, con estadísticas y datos concretos, que los estudios demuestran que la familia nuclear tradicional es el modelo que genera más felicidad, bienestar y equilibrio. ¿Por qué entonces habría que promover otro tipo de familia? No estamos hablando de desconocer la existencia de casos distintos, de apoyarlos y propender a su mejor desarrollo posible, sino de algo muy distinto, que significa promover.

Me parece que ese sentido existe una contradicción vital en lo que está señalando el gobierno y su función esencial, esto es, propender al bien común. ¿Qué pasaría si el Estado decidiera que aunque está demostrado que un tipo de educación produce los resultados esperados, pero no se puede desconocer que existen otros tipos, por lo que va a promover todos los tipos de educación? ¿Qué diría la opinión pública si se hiciera lo mismo con la salud de las personas?

Ahora bien, siendo el actual gobierno socialista, no debiese sorprendernos que en su Consejo General de 1996 se señalara que pretender imponer modelos abstractos de conducta o de familia, que no representan la diversidad de las situaciones, es discriminar a una importante parte de la población y cerrar los ojos a la realidad. Ya en 1930 Gramsci promovía la modificación de la cultura, atacando al fundamento básico de una nación cristiana, para lograr la hegemonía de la sociedad civil.

No por nada nuestra Constitución señala que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, el Estado debe protegerla y propender a su fortalecimiento”. No es sólo una frase de buenas intenciones, sino que se hace cargo de la realidad. Está demostrado que la familia tradicional es fuente de bienestar y felicidad, además que las claves para reducir la pobreza son la educación y el fortalecimiento de la familia.

¿Por qué entonces el gobierno no se decide por idear las políticas públicas necesarias para promover el modelo que sabe que es el más exitoso?¿No será que, con Gramsci, no les interesa hacerlo?