¿Se podrá declarar al Gobierno Pródigo Interdicto?

En derecho existe la figura del pródigo interdicto, es decir, aquella persona que por alguna razón despilfarra sus recursos, por lo que es declarado judicialmente incapaz de administrarlos y alguien debe asumir en su representación esta función.

Solucionar los problemas del Transantiago cuesta 290 millones de dólares, lo que habla de un triste despilfarro de recursos que pudieron haber sido utilizados de otra forma, si se hubiese planificado y evaluado el proyecto con rigurosidad y responsabilidad. Me cuesta creer que si en la empresa privada un gerente comete un error de 290 millones de dólares siga en su puesto, no asuma su responsabilidad o no se investigue hasta tener muy claro quién es el responsable.

Sin embargo, en nuestro gobierno no sólo pasa eso sino que si nuestros parlamentarios no se aplican, se cometerá un error doblemente grave al entregar 290 millones de dólares para solucionar el Transantiago más 290 millones de dólares para regiones. En buen chileno, “así no más”, a grandes rasgos, en general, sin entrar en detalles. Sin proyectos previamente evaluados o al menos sin una evaluación general previa de rentabilidad social. Lo mismo en el caso de la Educación: se anuncian recursos, con un “para qué” tan ambiguo como “para mejorar la educación”. ¿Cómo? ¿En qué plazo? ¿Cuál es la meta? ¿Cómo se evaluará la efectividad? ¿Quién es responsable? Parecen preguntas irrelevantes.

¿Es esto un gobierno serio? ¿Van a aprobar esa gran cantidad de dinero sin siquiera tener claro y transparentar quién y qué falló, dónde estuvo el error, quién es responsable? ¿Van a seguir “inyectando recursos” sin explicar específicamente qué problema va a solucionar, cuál es la meta, el plazo y el responsable? Y peor aún, ¿es posible que nuestros parlamentarios aprueben la entrega de recursos a regiones sin exigir evaluación previa de proyectos específicos que sean socialmente rentables? Me parece que sería volver a cometer el error original del Transantiago, haciendo las cosas más o menos, apurados y lo más grave, aparentemente basados en evaluaciones políticas en vez de midiendo lo que realmente importa, la rentabilidad social.

Que el senador Adolfo Zaldivar haya condicionado el apoyo al proyecto de ley que otorga 290 millones de dólares al Transantiago a que los Ministros responsables de ello asuman su responsabilidad, presenten su renuncia y a que haya transparencia en el uso de los recursos, me parece un acto de gran responsabilidad de su parte, sin perjuicio de que la forma de presión utilizada pueda ser cuestionable.

No puede ser que nadie responda por el perjuicio que se le está causando a miles de personas, en especial a los más necesitados. No puede ser que el Gobierno se niegue a dar cuenta transparente y documentada de la forma como se gastarán esos (y otros) 290 millones de dólares. No puede ser que los parlamentarios, así como todos los chilenos, no exijamos como condición para poder seguir administrando, claridad respecto a cómo se gastarán los recursos. Y, menos aún, es posible que se apruebe la entrega de nuevos recursos sin evaluaciones previas transparentes, metas conocidas y responsables específicos de proyectos concretos.

El daño causado por el despilfarro y la imposibilidad de declarar al gobierno pródigo interdicto hace perentorio que nuestros parlamentarios actúen ahora y seriamente exigiendo responsabilidad en la forma de administrar recursos que pertenecen a todos los chilenos y que debiesen beneficiar especialmente a los más necesitados.