NUEVA CAS: ¿GRAN SOLUCION?

El día de ayer la ministra Hardy ha presentado la nueva Ficha de Protección Social. Este instrumento reemplaza la anterior Ficha de Caracterización Socioeconómica, Cas.

Con este cambio se pretende medir la situación de pobreza de las familias chilenas, desde el punto de vista de su vulnerabilidad, más que en consideración exclusiva a los bienes materiales.

La anterior ficha Cas, podía dejar sin beneficios sociales a familias que eran poseedoras de un inmueble, sin consideración a su real estado de necesidad. Esto es que pese a tener casa y refrigerador, la pobreza puede ser igualmente extrema si se considera cantidad de hijos, enfermedades de los miembros de la familia, allegados, hacinamiento, adultos mayores, etc.

La nueva Ficha de Protección Social pretende solucionar estas injusticias, incluyendo factores de vulnerabilidad social.

Sin embargo, para quien realmente conoce la realidad de los municipios chilenos y los programas de superación de la pobreza, hay asuntos no muy claros. Tanto respecto a la aplicación de la ficha misma, como al otorgamiento general de beneficios.

En primer lugar, un tema de orden práctico. ¿Quién financiará a los municipios pequeños para la aplicación de la nueva encuesta a sus familias? No es un asunto menor para los municipios que de verdad necesitan los subsidios del estado. Menos aún para aquellos cuya dispersión o geografía compleja dificultan y encarecen el sondeo.

Existen municipios, en la región metropolitana, que no lograron completar el proceso de la ficha Cas II y ahora deberán aplicar la Ficha de Protección Social. Sin perjuicio de que la información de Cas II no se pierde, esta realidad refleja que no es un sistema expedito ni menos aún inocuo al presupuesto municipal.

Las municipalidades pobres, las que su financiamiento mayoritario proviene de programas sociales, necesitan aplicar la encuesta ya. Pero no siempre tienen los fondos para hacerlo.

Ahora bien, si logran financiarse, se detectará una nueva realidad social. ¿Cuál será el efecto? ¿Habrá más pobres o distintos en sus comunas?

Si se detectan más ¿habrá más recursos para aquellos que hoy clasifican y que antes no lo hacían? Si no hay más recursos ¿qué pasará con aquellos que siguen siendo pobres pero que hoy califican “mejor” en la escala? ¿Se les quitará los beneficios que recibían?

Por otra parte, pese a que este sistema puede considerarse como un avance, aún encontramos muchas falencias en la asignación de beneficios por parte del estado.

Existen múltiples programas de gobierno y de instituciones privadas (Iglesias, fundaciones y corporaciones) que benefician a los más necesitados. Tanto fondos públicos como privados. Son quienes asumen como propia la obligación solidaria o subsidiaria respecto de los más desposeídos.

Con el actual sistema de asignación de los recursos, paradójicamente puede que no convenga pasar del “más indigente” a “un poco mejor”. Dando este paso se podrían dejar de recibir los beneficios, por lo que no se estimula el primer paso para salir de la indigencia.

Aquel que es considerado indigente, cualquiera sea el sistema de medición utilizado, probablemente recibirá beneficios tanto de los municipios, como de los planes sociales del gobierno, así como instituciones privadas como el Hogar de Cristo e incluso de parlamentarios o quienes asignan parte de sus propios fondos para ayudar a los más necesitados.

Un ejemplo extremo se da en estados de Estados Unidos en que resulta más conveniente ser cesante que trabajar. Los beneficios sociales que recibe el cesante o el “homeless” (sin techo) pueden ser más que lo que recibiría trabajando o viviendo de allegado. Estas subvenciones no le significan ningún esfuerzo. Ni siquiera levantarse en la mañana.

Entonces, ya que tanto se discute acerca del destino de la “nueva riqueza” chilena, podríamos sugerir algo al inversionista ministro de Hacienda.

Sería muy positivo el invertir nuestros excedentes creando un sistema informativo on line, constantemente actualizado y completo, que incluya a todos los agentes solidarios que existen en el país.

Esto es, que todos los programas de gobierno, las instituciones privadas, quienes otorgan créditos y becas, se junten en una misma base de datos. Que todo aquel que vaya a otorgar un beneficio pueda saber qué y cuánto ha recibido o recibe actualmente cada persona y su entorno familiar.

De esta forma podríamos tener un panorama más claro de la realidad material y vulnerabilidad de las familias chilenas. Habría más justicia en la redistribución del ingreso. Nadie se aprovecharía de su calidad de indigente y no habría un estímulo perverso de mantener un estándar de indigencia para verse beneficiado por todos y cada uno de los fondos solidarios.

Así podríamos llegar a más personas, evitaríamos aprovechamiento de inescrupulosos integrantes de la sociedad, habría alguna alternativa de “empuje” a la clase media y estaríamos más cerca del concepto real de justicia distributiva.